Un rumbo distinto para el automóvil es posible

(Artículo publicado junto a Florent Marcellesi en la sección Agenda Pública de El País)

Guste o no, el sector automovilístico global está en declive. Esto se debe a tres tendencias estructurales e interrelacionadas que están ocurriendo en la movilidad a nivel mundial, pero sobretodo en los países industrializados. La pandemia sólo ha acelerado esta dinámica inevitable. Por desgracia y tras leer el plan de automoción del Gobierno, dudamos de que autoridades públicas e industria automovilística hayan sacado las conclusiones adecuadas de esta nueva realidad. Sin embargo, hay que mirar esta realidad de frente para aportar las respuestas correctas.

A nivel económico, hay un profundo y llamativo desajuste global entre la oferta y la demanda, en forma de stock de vehículos no vendidos que, en promedio desde 2011, se incrementa en 1,4 millones de vehículos. A nivel cultural y social, el coche como símbolo de estatus social ha pasado a la historia. Cada vez más personas, sobretodo jóvenes que habitan en áreas urbanas, renuncian a tener un coche en propiedad y se orientan más a soluciones de movilidad a demanda y activa (bicicleta, patinete, peatón), al transporte público o de vehículo compartido. Además, quién podía permitirse tener un coche (o varios) en el mundo, ya lo tiene. Los salarios bajos y la precariedad impiden que el resto de habitantes del planeta accedan a ese bien insostenible y de lujo. Por último, desde un punto de vista biofísico y climático, no hay recursos materiales suficientes para seguir alimentando la burbuja del automóvil a escala planetaria y el Acuerdo de París y la ciencia nos obligan a descarbonizar de manera ambiciosa y altamente rápida nuestra industria, economía y consumo.

No podemos mirar para otro lado y jugar a la política del avestruz ante estas tendencias. Si "gobernar es planificar", como líderes políticos, es nuestro deber anticipar las implicaciones de este declive estructural (reducciones de pedidos, cierre de plantas, reestructuración de plantillas, conflictividad laboral, precariedad, etc) y extraer las conclusiones correctas para garantizar el interés general de hoy y la sostenibilidad de mañana.

En primer lugar, es necesario evitar falsas soluciones como nuevos planes Renove. Tratar de reactivar el consumo de vehículos con estímulos para la renovación del parque automovilístico nacional como ha anunciado el Gobierno, es una solución estéril y equivocada, incluso si se añaden tintes verdes. Ningún gobierno puede reactivar por sí mismo un mercado cuya relación oferta-demanda es global y en el que las decisiones finales están en manos de compañías multinacionales. Además, apelar a la “neutralidad tecnológica” y con límites de emisión de 120 g de CO2, es seguir vendiendo los vehículos diesel y gasolina que le sobran al sector pero que tanto daño hacen a nuestra salud y al clima. Si hasta Alemania decidió no subvencionar estos coches contaminantes, no se entiende porque el Gobierno persiste en este error de bulto. Estas subvenciones millonarias a tecnologías del pasado perpetúan un mercado inadaptado e insostenible, en vez de trasvasar estas inversiones hacia el futuro y hacia lo necesario, como el vehículo limpio y compartido, el transporte público urbano y la bicicleta.

En segundo lugar, es necesario no edulcorar la realidad y ser claros. En el futuro se van a fabricar y se van a vender menos coches. Los coches que se venderán serán eléctricos, autónomos y de uso compartido, y sobre todo aumentará exponencialmente la movilidad activa y limpia. En este sentido, a día de hoy, las únicas alternativas de la industria automovilística al mercado menguante de los coches a motor fósil son la fabricación de vehículos eléctricos (turismos, furgonetas comerciales, autobuses, etc.) y, en menor medida, la prestación de servicios de movilidad a través de sus redes de concesionarios (vehículos autónomos, flotas de alquiler…). En cualquier caso, el acuerdo para fabricar ERTE 700.000 y 800.000 vehículos eléctricos de aquí a 2030, como propone el Gobierno, no llega al 7% de la producción nacional de vehículos que, en promedio, se han fabricado desde 2010 hasta la fecha. Así que no creemos falsas expectativas: solo el vehículo eléctrico no requerirá el mismo nivel de empleo directo o indirecto.

Ante ello, es central diseñar una política industrial española y europea al mismo tiempo realista y proactiva hacia una “industria cero emisiones” en 2040. Por ello, no podemos, ni debemos perder el tren del futuro: la movilidad sostenible y compartida. La movilidad fósil y de uso privado es el pasado. Así que en primer lugar es crucial que la futura Ley de Cambio Climático marque el final de la venta de los coches de motor de combustión para el final de esta década. Segundo, hace falta que el Gobierno mande un mensaje claro a la ciudadanía y a los mercados, iniciando la desinversión de la automoción fósil, e invirtiendo de forma mucho más clara y consecuente en los desplazamientos limpios y compartidos, en unas ciudades hechas paras las personas y no para los coches, y en el tejido empresarial e infraestructuras asociados a esta nueva movilidad.

En cuanto a la transformación de la automoción, tampoco existe una solución única para reto tan complejo. Dentro de una visión integral y con un objetivo ecosocial claro a largo plazo, cada industria o subsector necesitará una solución específica adaptada a su propia problemática. Así, mirando de cerca al sector automovilístico, se puede diferenciar la situación de las grandes plantas de montaje y ensamblaje, la de la industria auxiliar y la del sector comercial (concesionarios, talleres de reparación y estaciones de servicio).

En lo relativo a las plantas de montaje y ensamblaje de vehículos, se puede establecer el siguiente orden de prioridades en la actuación política:
1) En aquellas plantas en las que se prevean dificultades a medio plazo, las instituciones deben impulsar y acordar con las multinacionales planes de reconversión hacia la fabricación de vehículos limpios que tengan aceptación en los mercados globales. En este sentido, el vehículo del futuro será sostenible, eléctrico, inteligente y compartido.
2) En aquellas plantas de montaje donde no sea posible revertir la decisión de cierre adoptada por la multinacional, como la de Nissan en Barcelona, la acción pública debe dirigirse a rescatar a las personas, no a una multinacional o una actividad insostenible. La nacionalización no es una solución puesto que, al pertenecer la tecnología a una multinacional extranjera, el Estado sólo podría socializar las pérdidas, quedándose con una nave industrial vacía y sin la capacidad tecnológica y productiva necesaria para enfrentarse al declive estructural del sector de la automoción. Más bien, aquí es necesario plantear medidas sociales, a través de ayudas económicas concretas a cargo de la multinacional mientras dure la recolocación o formación de las personas trabajadoras hacia otras plantas o hacia otros sectores productivos, complementando esas ayudas con el colchón y la protección de una Renta Básica Universal que no deje a nadie atrás.

Por otro lado, es preciso desarrollar y apoyar un plan de transformación ecológica de la industria auxiliar, donde se localiza la mayor parte del empleo de la industria del automóvil. Este plan tiene que permitir a estas empresas desarrollar productos y servicios dirigidos a otros sectores sostenibles y con futuro (energía renovable, maquinaria agrícola, construcción sostenible, química verde, etc.), de manera que puedan sobrellevar mejor las oscilaciones en los pedidos de las plantas de montaje y, en su caso, afrontar un posible cierre de las mismas.

En lo referente al sector comercial, es necesario desarrollar un plan de cierre ordenado de negocios deficitarios, que posibilite la recolocación de las personas trabajadoras que pierdan sus empleos y, en su caso, habilitar un plan complementario de recualificación para dotarles de las nuevas competencias de cara a su reinserción en el mercado laboral.

Para toda esta transición de la industria automovilística, es fundamental el diálogo abierto, sincero y pragmático entre todas las partes: empresas, sindicatos e instituciones. Negar el problema no nos acerca a la solución; culpar a los demás, tampoco. El camino es más bien un diálogo global similar al que impulsa el Gobierno de Baden-Württemberg dirigido por Los Verdes Alemanes.

No nos hagamos trampas al solitario. El sector automovilístico necesita una profunda transformación ecológica y justa. Mirémosla de frente con valentía y altura de miras. Aprovechemos esta crisis como punto de inflexión para cambiar de rumbo hacia un nueva movilidad limpia, que ponga a las personas y el medioambiente en el centro.

Las multinacionales no sienten cariño. Mercedes, tampoco.

(Artículo publicado en Hórdago El Salto el 29 de mayo de 2020)

No por previsible, el drama del cierre de Nissan resulta menos doloroso. Miles de familias que pierden su modo de vida. Trabajadores y trabajadoras que se dejaron la piel en sacar adelante una fábrica, que hicieron suyos los objetivos de la empresa, y que ahora ven cómo esa empresa les da la espalda y les abandona a su suerte.

Es el mercado global, deslocalizado y aséptico el que dicta las normas de quién se mantiene y quién desaparece. Cuando hay una multinacional por el medio, las emociones y los afectos no tienen cabida. Un trabajador puede cogerle cariño a la empresa para la que trabaja, pero ese sentimiento nunca será recíproco.

Los y las verdes llevamos años diciendo que la industria del automóvil es un mercado en declive, que llegó a su cénit en el momento en que la crisis de 2008 dictó un precio de 200 dólares para el barril de petróleo, al tiempo que la gente se quedaba sin ingresos suficientes para comprar y almacenar varios coches por familia,.

Según los datos oficiales de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos a Motor (OICA), entre 2011 y 2019 se han fabricado 13 millones de vehículos más de los que se han vendido, lo que equivale a un excedente anual de 1,5 millones de vehículos. Insostenible, ¿verdad? Yo también lo creo.

No han sido las restricciones medioambientales las causantes de este declive. Son los hábitos culturales, que van cambiando. En nuestras ciudades avanza la bicicleta, el vehículo compartido. Los sueldos ya no son lo que eran. Además el coche ya no lleva aparejado un estatus especial entre la gente joven. Prefieren un patinete eléctrico. Es el mercado, amigo.

Los fabricantes de vehículos están sobreviviendo a este derrumbe a base de ayudas públicas, créditos, fusiones, alianzas, recortes de producción, cierres de plantas… mientras se agarran al clavo ardiente del vehículo eléctrico. Hace dos o tres años la reestructuración de este sector industrial era una necesidad. Ahora mismo, con el destrozo que está provocando el coronavirus en las economías de los países industrializados, es una prioridad ineludible.

Los y las verdes de EQUO Berdeak llevamos varios años reclamando la transición ecológica de la industria vasca del automóvil. Nos va mucho en ello: miles de empleos, el 60% de nuestras exportaciones, el 28% del PIB… Por eso resulta incomprensible que el Gobierno Vasco siga mirando hacia otro lado.

Esta misma semana el lehendakari Urkullu ha anunciado que se van a duplicar las ayudas del Plan Renove para la renovación de vehículos. Tiro errado… agua. ¿Dónde se fabrican los vehículos que compramos en los concesionarios? En Francia, en Alemania, en Japón. Por cada diez euros que gasta el Gobierno en “dopar” el mercado artificialmente, no llegará a dos euros lo que revierta en la economía vasca. Dinero público que cae en saco roto por no tener en cuenta que el estímulo debe de ir ligado a adaptar a los nuevos tiempos el producto que se ofrece, y no a “regalar” lo que el cliente ya no demanda.

Pero es que además el mercado del automóvil es global, y por desgracia sólo una pequeña parte del negocio está en manos vascas. Mercedes no es vasca, tampoco lo es Michelín ni Bridgestone. Son multinacionales con decenas de plantas repartidas por Europa y por el mundo. Mercedes exporta el 85-90% de su producción. El dinero gastado aquí no sirve para darle ni un sólo día más de vida, en caso de que desde Alemania decidiesen bajar la persiana.

Los gobiernos no están entendiendo nada. O sí, pero no lo quieren explicar. Países como Francia van a rescatar a sus marcas, pero será a cambio de recuperar la producción externalizada en su día hacia la periferia. En materia automovilística, España es “la periferia”. Un país que ha competido a base de salarios bajos para producir coches baratos. Los de alta gama se han seguido produciendo en Alemania, Japón o Estado Unidos. En caso de dificultades, tenemos las de perder.

Por supuesto, esta descripción es de trazo grueso. Es cierto que, en Euskadi, la situación de la planta gasteiztarra de Mercedes no es la misma que la de Nissan. No debemos establecer paralelismos. Pero si algo nos ha enseñado el mercado es que no conviene descuidarse. Las multinacionales no sienten cariño. Mercedes, tampoco.

Sin Parlamento no hay futuro

(Artículo publicado en El Diario Norte el 7 de mayo de 2020)

El pasado jueves 30 acudí a la reunión de partidos convocada por el lehendakari Urkullu para valorar una posible convocatoria electoral de cara al mes de julio. La reunión de pastores terminó sin acuerdo y con la oveja “Democracia” moribunda. Veremos qué sucede el día 14, pero la cosa pinta mal para que Euskadi recupere cuanto antes una situación de normalidad democrática que perdimos en el momento en que se anularon las elecciones del 5 de abril como consecuencia del estado de alarma, dejando al país sin Parlamento, y a la ciudadanía sin un horizonte temporal en el que poder ejercer su derecho fundamental al voto.

En esa reunión el Partido Popular reclamó “certidumbres” para poder convocar las nuevas elecciones. Por desgracia, ha quedado demostrado que, en esta situación de pandemia, “certidumbre” es lo único que nadie va a poder asegurar, ni ahora ni en el futuro cercano. Por lo tanto, ligar las elecciones a un escenario de “certidumbre” equivale a posponerlas sine die, con las graves consecuencias económicas y sociales que ello comportaría para el país.

No me sorprende esa postura de la derecha vasca. Su posicionamiento coincide con un discurso que sectores populistas de ultraderecha llevan semanas difundiendo a los cuatro vientos, el de que la política y “los políticos” no nos van a sacar de esta crisis. Abonan así el terreno para una “solución” que, superando la política -es decir, el ordenamiento democrático-, nos devuelva las “certidumbres” supuestamente arrebatadas por el Gobierno de Sánchez.

Sí me extraña, sin embargo, que esa postura haya encontrado eco en algunas fuerzas de izquierdas, particularmente en EH Bildu y Podemos. Es cierto que la emergencia sanitaria que hemos vivido durante los dos últimos meses no era la más propicia para celebrar las elecciones. Las prioridades eran otras. Pero, gracias al comportamiento ejemplar de la sociedad vasca, Euskadi entra en una nueva fase donde iremos recuperando paulatinamente nuestras rutinas sociales y empleos, sin olvidar que seguimos conviviendo con la epidemia y que debemos extremar las precauciones sanitarias. Por eso, a los partidos nos toca explicar -y defender- que convocar las elecciones es un paso fundamental en ese camino hacia la “nueva normalidad”, y no un obstáculo para ese avance o, cuanto menos, una obligación indeseable.

La representante de Podemos ha afirmado que hay que elegir, “o elecciones o reconstrucción”. Argumenta que las elecciones implican “confrontación”, algo incompatible con los acuerdos necesarios para acometer esa reconstrucción. Imagino que “confrontar” es la forma de entender la política de la señora Gorrotxategi. No la comparto. Para mí, la campaña electoral es precisamente la oportunidad de explicar las propuestas de EQUO Berdeak para afrontar la reconstrucción, y de intercambiar ideas con la ciudadanía que nos permita dibujar la mejor solución para Euskadi.

Por su parte Arnaldo Otegi defiende que “ahora no toca elecciones”. En su lugar, ha urgido de nuevo a crear una Mesa de “Concertación Nacional”, formada por partidos y agentes sociales para afrontar la reconstrucción del país. Me pregunto cómo se elegirá esa Mesa, y si su representatividad será mayor que la de un Parlamento legítimamente elegido en las urnas. Lo dudo.

Dejemos de hacernos trampas al solitario: sin elecciones no hay Parlamento, y sin Parlamento, no hay posibilidad de control efectivo del Gobierno. Tampoco se podrán aprobar o modificar las leyes que este país necesita para salir de la crisis sanitaria, social y económica en que se encuentra. No es a Urkullu, al PNV o al PSE a quienes más interesa que haya un Parlamento operativo: es a la oposición, es a la democracia.

Como ciudadano, estoy deseando que el próximo verano la sociedad vasca hayamos podido recuperar la normalidad social, dentro de lo que cabe. Espero que podamos pasear, ir a la playa, tomarnos unas cañas, estar con nuestra gente e incluso poder ir de fiesta, aunque sea con mascarilla. Imagino que es un deseo compartido con el resto de candidatos y candidatas a las próximas elecciones autonómicas.

Ahora bien, como político no me gustaría que lleguemos al verano sin habernos preguntado antes qué pasa con esas elecciones, sin haber interiorizado la importancia de la política para salir de esta encrucijada en la que nos encontramos, sin darnos cuenta de que, desde el punto de vista de una normalidad democrática, sin Parlamento no hay futuro posible.

Con el hogar no se juega

(Artículo publicado en El Diario Norte el 11 de abril de 2020)

Si algo nos está enseñando la situación actual es a darnos cuenta de cuáles son las cosas importantes en la vida. Sin ir más lejos, el coronavirus nos ha dejado claro que la mejor garantía para proteger nuestra salud es disponer de un buen sistema sanitario público.

El confinamiento también nos ha permitido valorar más nuestro hogar como refugio, como un espacio donde cobijarnos cuando fuera vienen mal dadas. Me refiero al hogar en un sentido amplio: el lugar que compartimos con nuestros seres queridos, el espacio donde desarrollamos nuestras aficiones, el sitio que nos conforta.

Sin embargo, en medio de esta nueva conciencia colectiva, el Gobierno Vasco ha permitido que 500 familias de los barrios de Salburúa y Zabalgana sientan amenazado el futuro de sus hogares. Ha autorizado que 500 pisos de VPO destinados al alquiler social pertenecientes a la Caja Vital pasen a manos del fondo de inversión Catella, perteneciente al dueño de Ikea. Con su permiso, nuestro Gobierno facilita que las decisiones sobre el precio y las condiciones del alquiler de estas 500 familias pasen a tomarse en Suecia, donde nadie sabe quién vive en esos pisos, ni cuáles son sus preocupaciones o necesidades. Es el mercado, oiga.

Tampoco se entiende por qué la Caja Vital ha decidido vender esos pisos a espaldas de la sociedad alavesa, aprovechando que ahora mismo la ciudadanía no tiene capacidad de respuesta. En este momento no tiene necesidades de dinero para mantener su obra social. ¿Es acaso una imposición de Kutxabank, que lleva años vendiendo sus inmuebles y sus participaciones industriales para hacer caja? ¿Dónde han quedado los objetivos sociales bajo los que se crearon las cajas vascas? Eso es algo que tendrán que explicar los patronos del PNV y PSE.

Porque, incluso si fuese necesario vender, ¿no habría sido más lógico que estos pisos los adquiriese el propio Gobierno Vasco, a través de la agencia Alokabide? Si los compra un fondo de inversión es porque a medio plazo prevé que esa inversión le proporcione intereses sustanciales. Entonces, ¿por qué no mantener ese beneficio en el ámbito de lo público, al mismo tiempo que se garantiza el interés social y la estabilidad de las familias? ¿A quién interesa que las ganancias se las lleve la iniciativa privada? Sin duda, a quien antepone el mercado a las personas y defiende una concepción neoliberal de la economía y de la vida.

Es evidente que esta venta perjudica gravemente a la ciudadanía alavesa pero, más aún, a la juventud gasteiztarra, que a partir de ahora verá reducidas sus opciones de encontrar vivienda de alquiler pública y social en Vitoria. Más pisos en manos de fondos de inversión hoy, es garantía de más especulación mañana, y de futuras subidas en los precios de los alquileres en toda la ciudad.

En momentos de incertidumbre como éste, nuestra sociedad necesita disponer de un mercado de vivienda de alquiler asequible para quien más la necesite. Necesitamos gobernantes que refuercen la sanidad pública y garanticen el derecho a una vivienda digna para todas las personas.

La crisis del coronavirus también nos ha hecho caer en la cuenta de que nuestra salud o la seguridad de nuestros hogares enlaza con lo que pensamos pero también, por supuesto, con lo que votamos. Nuestra salud y nuestra estabilidad futuras dependerán de quién nos represente, nos defienda y nos guíe en la travesía incierta que se nos avecina… sin dejar a nadie atrás.

Cuatro largos días en Zaldibar

(Artículo publicado en El Diario Norte en febrero de 2020)

Han tenido que pasar cuatro largos días tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar hasta que el Lehendakari y sus consejeros decidieran dar la cara el pasado lunes. Cuatro días de dolor y angustia para las familias de los dos trabajadores desaparecidos. Cuatro días de rabia e incertidumbre para toda la población del valle.

Han sido cuatro días de descontrol informativo y operativo por parte de las instituciones. Es cierto, nadie piensa que un vertedero se va a venir debajo de repente, así sin avisar y en plena precampaña. Pero, ¿es lógico este caos? A la hora de enfrentar el problema, ¿dónde está lo urgente, y dónde lo accesorio?

En la respuesta a ese dilema es donde se percibe la verdadera talla de los líderes y los valores que les mueven. Y quizás ha sido esa respuesta la que tanto ha descorazonado a las familias de los desaparecidos o a los cientos de habitantes de Ermua, Eibar y Zaldibar que ese mismo lunes se echaron a las calles: tener la sensación de que abrir con rapidez la autopista pesa más que la salud de quienes la están limpiando, o sospechar que tu salud les importa un bledo a esos mismos que en apenas un mes volverán al pueblo para pedir tu voto puerta a puerta, o a reinaugurar la autopista.

Como ciudadano vasco comparto esa sensación, que muchas otras veces yo mismo he denunciado en el Parlamento. Frente a los lemas de “Pertsonak, helburu” (“las personas, nuestro objetivo”) y “Auzolana” (“el bien común”), los gobiernos de Urkullu, Mendia y Rementería actúan día a día como si las personas (algunas personas) no existieran. Niegan los problemas, niegan su responsabilidad en las causas y en las consecuencias. Niegan lo innegable y miran para otro lado… hasta que la situación se vuelve insostenible. Luego ponen en marcha la maquinaria de propaganda (perfectamente engrasada ya de cara al próximo 5 de abril), y aquí no ha pasado nada.

Pero sí que ha pasado, y mucho. Ha pasado que desde el jueves hay dos trabajadores sepultados bajo cientos de toneladas de escombros, sin que hasta el lunes conociésemos sus nombres. Víctimas anónimas y deshumanizadas de una insoportable siniestralidad laboral que este 2020 ya nos ha arrebatado una vida cada cuatro días.

Ha pasado también que, una vez más, en este país una actividad contaminante se permite el lujo de incumplir la normativa sin que le pase nada, merced al colchón que le otorga su red clientelar de favores, amiguetes y colegas de partido.

Ha pasado también que, a la puerta de unas elecciones cuyo adelanto estaba cuidadosamente planificado, el PNV ha querido dejar al PSE solo a los pies de los caballos para hacerle pagar su desapego en los casos “De Miguel” y “Montai”. Pero ha calculado mal, y ha tenido que rectificar sobre la marcha y a toda marcha.

Mientras tanto, la opinión pública comprueba atónita cómo el oasis vasco es en realidad un enorme vertedero que se derrumba sin remedio. Un vertedero de improvisación, descoordinación y compadreo. Un vertedero donde intuimos el fuego oculto de la corrupción porque vemos el humo de la impunidad. Un vertedero donde nunca pasa nada porque nos dicen que no pasa nada. Pero sí pasa, y mucho. Los días van a seguir siendo largos en Zaldibar.

¿Qué hace un partido ecologista aprobando los presupuestos vascos?

(Artículo sobre los presupuestos del Gobierno Vasco, publicado en El Correo en diciembre de 2019)

En las últimas semanas la negociación del presupuesto de 2020 entre Elkarrekin Podemos y el Gobierno Vasco ha suscitado debate sobre la conveniencia de nuestro posible apoyo. Algunas voces han cuestionado el papel de una formación como EQUO Berdeak en este proceso. ¿Cómo puede un partido ecologista apoyar unos presupuestos de PNV y PSE? ¿Por qué “blanquear” la imagen del Gobierno, que no se distingue precisamente por su sensibilidad y acierto en esta materia?

La respuesta es tan simple como rotunda. Sí, un partido verde siempre va a explorar vías para construir una sociedad más justa, sostenible y solidaria. Y sí, un partido verde siempre apoyará medidas que nos hagan avanzar en ese camino. Es más, a buen seguro esas respuestas encierran las claves del actual auge verde en Europa. Firmeza y coherencia en los principios, pragmatismo en las vías para hacerlos posible.

Estos días en la COP25 el mundo científico nos vuelve a recordar que estamos inmersos en una emergencia climática sin precedentes. También en Euskadi. No porque lo haya declarado el Lehendakari –aquello fue una operación más de marketing político-, sino porque el propio clima nos lo anuncia cada día.

Ante esta realidad tozuda, ¿qué postura adoptamos desde la ecología política? ¿Seguimos denunciando las miserias del Gobierno, a la espera de que esa crítica cale? ¿Confiamos en que la gente reaccione y nos dé la mayoría necesaria para poder gobernar en la dirección correcta? Si eso no sucede, ¿esperamos a otras elecciones, o lo fiamos todo a que el poder económico y político, de la noche a la mañana, dé un giro radical a las equivocadas políticas que nos han traído hasta aquí?

El sueño de Arizmendiarrieta, más lejos.

(Artículo sobre la nueva Ley Vasca de Cooperativas publicado en diciembre de 2019)

En los próximos días se aprobará en el Parlamento la nueva Ley Vasca de Cooperativas. Es un proyecto cuyo contenido, sin duda, va a satisfacer a algunas cooperativas –las más grandes-, pero que, en nuestra opinión, deja bastante dañado al cooperativismo vasco, tal y como lo hemos entendido hasta la fecha.

La actual Ley data de 1993 y, en opinión de algunos, había quedado obsoleta. Urgía su reforma para adaptarla a los nuevos tiempos, tan inciertos como convulsos. El panorama económico y financiero mundial no invita al optimismo, y nuestras cooperativas no son inmunes a sus vaivenes. Es comprensible que quieran instrumentos más ágiles y flexibles para afrontar las dificultades puntuales que puedan sufrir en este escenario cambiante.

Así, con el con el pretexto de la necesaria renovación se ha procedido a cepillar el contenido de la Ley hasta desvirtuar los valores que hicieron del cooperativismo vasco un referente a nivel mundial: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

En efecto, el nuevo texto legal consagra la desigualdad como principio básico de la futura organización cooperativa, con una fuerza laboral contratada por cuenta ajena que en la teoría no debería superar el 30% de las horas trabajadas por el personal cooperativista, pero que en la práctica se va a estirar hasta donde se quiera en aplicación de las múltiples exenciones que la Ley admite. Bastará, por ejemplo, con firmar un documento por el que la persona candidata renuncia “voluntariamente” a ser cooperativista. Quién se puede resistir.

Muy pronto tendremos cooperativas que cuenten con plantillas por cuenta ajena superiores a la de muchas empresas capitalistas, pero con una ventaja decisiva: ese colectivo laboral no tendrá voz ni voto discordante en los órganos de gobierno de la cooperativa y, en la práctica, tampoco tendrá representación sindical que le defienda. ¿Quién querría dar un paso adelante como delegada sindical, y poner así en riesgo la posibilidad de ser cooperativista al cabo de los cinco años estipulados por la Ley como límite para alcanzar esa privilegiada condición?

En definitiva, esta Ley consagra la condición de privilegio de la persona cooperativista frente a quien no lo sea. En el reparto de resultados, un contratado por cuenta ajena percibirá como mínimo –como máximo, en la práctica- el 25% de la remuneración obtenida por un cooperativista que realice el mismo trabajo. Adiós a los principios de igualdad y solidaridad.

Esa desigualdad, premeditada y consciente, tendrá su reflejo social más visible en aquellas comarcas vascas donde el cooperativismo goza hoy en día de mayor auge e implantación. Se está gestando una nueva forma de segregación social: cooperativistas y no cooperativistas, una división que a buen seguro se completará con otros condicionantes como el origen, el sexo, la lengua o el nivel educativo. Una bomba de relojería social en pleno siglo XXI, para quien la quiera ver.

En el fondo, tras estos cambios subyace la necesidad que tienen las grandes cooperativas industriales de evitar un nuevo caso “Fagor”; es decir, un cierre empresarial traumático causado por mala gestión o por una súbita crisis en los mercados. Urge establecer un “cordón sanitario” en torno al núcleo duro de la masa social cooperativista, aunque sea a través de un colchón de trabajadores y trabajadoras de quita y pon, con menos salario y menos derechos. Un colchón prescindible y discriminatorio.

Es lo que pasa cuando te pones a apostar en el tablero capitalista. Estás obligado a jugar con las reglas del croupier y, más temprano que tarde, tienes que apostar con sus cartas marcadas para poder seguir en la timba. Si Arizmendiarrieta levantase la cabeza…

Ahorrar energía para avanzar hacia el futuro

(Artículo publicado en enero de 2018 junto a la coporatavoz de EQUO Berdeak Erika Martínez)


Durante estos últimos meses la cuestión de la energía se ha situado en el primer plano en la agenda política. Así, el Parlamento Europeo ha aprobado en enero ambiciosos objetivos vinculantes para el conjunto de la UE en materia de eficiencia energética y generación de energía renovable en el horizonte de 2030. A su vez el pasado mes de octubre comenzó a tramitarse en el Parlamento Vasco el Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas.

El Gobierno Vasco ha planteado esta norma como un primer paso para avanzar en la senda del ahorro energético, que hasta la fecha ha sido –y es- el patito feo de la política energética vasca. Sin embargo desde EQUO Berdeak creemos que su papel debe de ser más ambicioso: esta Ley debe poner de manifiesto la verdadera apuesta del Gobierno por una sociedad más sostenible y marcar una hoja de ruta para abordar de una vez por todas la imprescindible transición energética que necesita el país, y hacerlo además de una forma coordinada entre las diferentes administraciones vascas.

Por supuesto, hablar de transición energética es hablar no sólo de mejorar la eficiencia o incrementar la cuota de energía renovable, sino también de retos ineludibles como la descentralización de la producción energética o la democratización de su gestión a través de la participación ciudadana.

Por otra parte es evidente la estrecha relación que existe entre la producción de energía y el cambio climático, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy en día como sociedad. De cómo seamos capaces de afrontarlo dependerá en gran medida nuestro futuro modo de vida.

Llegados a este punto, cabe resaltar que la preocupación de la sociedad vasca al respecto ha alcanzado máximos históricos. Según los resultados del primer estudio de percepción ciudadana realizado en Euskadi sobre energía y cambio climático, la sociedad asume que luchar contra esta amenaza exigirá cambiar de hábitos. Así, un 88% considera necesario reducir el consumo de energía, mientras que un 95% apuesta por desarrollar más las energías renovables.

Por eso el dicho de que “la mejor energía es la que no se consume” debe ser la base de la nueva política energética vasca y, por qué no, también de una nueva forma de organizar nuestra economía: los edificios donde vivimos y trabajamos, cómo nos movemos por nuestros pueblos y ciudades… Poco a poco este modelo insostenible de derroche energético debe ir dando paso a un nuevo escenario con edificios que casi no consuman energía, calles exclusivas para peatones y bicicletas o vehículos eléctricos compartidos. Pero llegar hasta esa meta exige planificación a corto, medio y largo plazo.

En este tránsito ineludible, una de las principales dificultades es la resistencia al cambio que muestran las élites políticas y económicas. Así, durante estos últimos años hemos visto cómo los acuerdos sobre cambio climático alcanzados en las distintas cumbres internacionales (París, Marrakech, Bonn) se quedan en papel mojado por falta de compromiso y lentitud de los Estados a la hora de trasladarlos a leyes efectivas. De ahí que lo más rápido y eficaz sea comenzar con la implicación de las administraciones locales y autonómicas.

Por todo ello el proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas es un instrumento interesante para impulsar la realización de auditorías energéticas, la producción y el consumo de energía limpia en las instalaciones públicas, la construcción de edificios autosuficientes desde el punto de vista energético, la electrificación del transporte o la movilidad no motorizada.

Ahora bien, no parece lógico que, con el escaso margen que tenemos para cumplir los objetivos contra el cambio climático, los plazos y metas que se marque la Ley sean tan poco ambiciosos. Las administraciones vascas deben dar ejemplo y actuar como agente tractor para el cambio en otros sectores económicos y, por ende, abrir oportunidades de empleo verde en sectores sostenibles y con futuro.

De hecho, nada más esclarecedor para conocer la verdadera ambición con la que el Gobierno Vasco aborda la transición energética que analizar la dotación de recursos que pone a su disposición. Pues bien, el proyecto de ley pasa de largo sobre este punto, pero la lógica y la experiencia demuestran que, sin la pertinente dotación presupuestaria, las administraciones locales difícilmente podrán hacer frente a las inversiones exigidas. En contrapartida, es preciso incorporar un régimen sancionador para penalizar los incumplimientos, o de lo contrario la Ley se convertirá en papel mojado.

Objetivos ambiciosos, financiación municipal, mecanismos de evaluación y seguimiento… nada de esto sería suficiente si en la Ley no se incluyen foros destinados a la participación ciudadana, eje transversal y básico en un modelo de gobernanza moderno, abierto y democrático.

En definitiva, mientras Euskadi no tenga una Ley de Cambio Climático que aborde la transición energética de manera integral, la Ley de Sostenibilidad Energética parece una buena forma de impulsar desde lo público el avance hacia un futuro más sostenible. Un reto para el que la sociedad está preparada, pero que necesita de una Administración ejemplar y comprometida. ¿Sabremos hacer de este reto una oportunidad?

¿Tienen solución los vertidos a los ríos alaveses? Por supuesto.

(Artículo publicado junto con el portavoz de EQUO Araba Xabi Marrero en octubre de 2017)

La preocupación e indignación por el estado de los ríos en Araba va en aumento, y así lo constata la cantidad de noticias al respecto que han aparecido últimamente en los medios de comunicación.

Dos informes sobre el estado de los ríos vascos elaborados por la Agencia Vasca del Agua URA en 2016i indican que aproximadamente el 20% de los puntos estudiados presentan un estado químico moderado o malo, y que el estado ecológico de más de la mitad es preocupante, debido sobre todo a la contaminación agrícola, industrial y urbana.

Por todo ello, movimientos sociales como la Plataforma Zadorra Bizirik demandan soluciones urgentes para poder disfrutar de ríos vivos y en buen estado. Afrontar este reto, en nuestra opinión, exige dar solución a tres cuestiones clave: la complejidad competencial de nuestro país, las presiones de las actividades contaminantes y las todavía insuficientes medidas legislativas y presupuestarias.

Lo primero que hay que entender es el enrevesado entramado competencial e institucional existente: Confederaciones Hidrográficas, Agencia Vasca del Agua, Diputaciones Forales, Ayuntamientos, Consorcios y, en el caso de Araba, también los Concejos, se distribuyen competencias mediante normas, encomiendas de gestión y convenios que han demostrado ser ineficaces.

En Araba, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) es la competente para dar las autorizaciones de vertido, a pesar de la existencia de una encomienda de gestión para que URA pueda iniciar los trámites, con la demora burocrática que ello conlleva. En el caso de captaciones de agua para regadío es la CHE quien tramita el 100% de los permisos, pero ante casos de abusos de captaciones de agua que dejan nuestros ríos secos, la respuesta de la CHE es a menudo lenta o inexistente.

Similares ineficiencias administrativas se dan entre la CHE, Diputación y URA, pero en Araba destaca la particularidad de los Concejos. Y es que la competencia en materia de abastecimiento –aguas potables- y saneamiento –tratamiento y vertido de aguas residuales- recae en los Concejos, los cuales a menudo no disponen de medios económicos o técnicos suficientes para cumplir –y hacer cumplir- la exigente legislación. El modelo de consorcios de Bizkaia y Gipuzkoa podría ser la solución para gestionar los vertidos alaveses, siempre y cuando los consorcios sean públicos, transparentes, eficientes y profesionales. Mientras tanto se impone la necesidad de sancionar a los entes que hagan dejación de sus funciones y, al mismo tiempo, que por parte del Ministerio, URA y la Diputación se aceleren las obras hidráulicas necesarias.

Pero no todos los problemas se reducen a los vertidos. No debemos olvidar que los ecosistemas fluviales han sido muy castigados/degradados en Araba, principalmente por la actividad agrícola, ganadera, forestal y urbana.

Así, es muy común ver ríos sin árboles en sus orillas porque han sido talados para aumentar la superficie productiva –cereal, viñedo o pastos- con el doble objetivo de aumentar la productividad y recibir más ayudas económicas por metro cuadrado de la Política Agrícola Común.

Además el uso desmedido de fertilizantes y pesticidas provoca que estas sustancias químicas nocivas se dispersen sin control por el entorno. A pesar de la existencia de agricultores concienciados, la mayoría aún siguen abusando de nitratos, fosfatos o herbicidas como el glifosato, que terminan contaminando gravemente nuestros ríos.

Y tampoco podemos olvidar que el uso abusivo de agua para regadío deja los ríos secos y sin el caudal mínimo que precisan para que la vida piscícola y vegetal sea posible. Un ejemplo de ello ha sido el río Inglares este pasado verano.

Por último es clave subrayar la autocomplacencia y el desinterés de las instituciones. Los problemas de los ríos no se solucionan sólo con buenas palabras. Para tener ríos con bosques frondosos, vida abundante y agua suficiente y limpia, hay que aportar los recursos humanos y presupuestarios necesarios para hacerlo posible.

Por ello, es preciso que las instituciones sean capaces de coordinarse entre sí, de promover cambios legislativos en Euskadi y en Europa con la Política Agrícola Común, de modernizar los sistemas de regadío y de utilizar las medidas fiscales necesarias para penalizar las actividades menos sostenibles. Por ejemplo, aplicar el canon del agua a los regantes que utilizan el agua de forma menos eficiente.

Pero, sobre todo, cada administración competente deberá aportar las partidas presupuestarias anuales necesarias para ejecutar con urgencia todas las obras hidráulicas pendientes, además de disponer del personal técnico, inspector y sancionador suficiente y capacitado para hacer cumplir la legislación ambiental.

Esperamos que la sociedad mantenga este nivel de exigencia hacia su clase política, para que entre todas y todos seamos capaces de afrontar uno de los mayores retos a los que nos enfrentaremos en las próximas décadas: el de proteger los ecosistemas fluviales y los recursos hídricos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía alavesa de hoy y del futuro.

¿Emprendimiento? Mejor si es cooperativo

(Artículo publicado en octubre de 2017)

El pasado día 2 de octubre se presentó en el Parlamento el Plan de Emprendimiento 2017-2020. La aprobación de este Plan coincide en el tiempo con los coletazos derivados de la profunda crisis que sufre nuestro tejido industrial tradicional, un fenómeno que este verano ha estado más presente que nunca y que afecta a decenas de empresas vascas, algunas de ellas de larga historia y con gran relevancia en cuanto al empleo.

Tras una primera lectura del Plan, llama poderosamente la atención que en su contenido no haya ni una sola referencia a valores tan ligados con la cultura empresarial vasca como la cooperación o el trabajo en equipo. Así, de forma indirecta mitificamos y hacemos nuestra la figura del “emprendedor solitario”, alguien que tiene una idea, la desarrolla y la saca adelante en la más absoluta soledad, apelando a un espíritu emprendedor individual sostenido tan sólo en valores como “iniciativa, compromiso, riesgo y autonomía”, en palabras del propio Plan.

Esta visión parcial de la persona emprendedora, anclada en la figura de aquellos indianos que en el siglo XIX retornaron a tierras vascas tras un exitoso periplo de fortuna por las Indias y Sudamérica, y que contribuyeron de forma decisiva a crear el primer tejido industrial diversificado que tuvo Euskadi, soslaya sin embargo otra realidad más cercana en el tiempo: la del movimiento cooperativo. A mediados del siglo XX este fenómeno dio continuidad e impulso al débil tejido industrial de la postguerra, hasta convertir al cooperativismo vasco en un fenómeno singular a nivel mundial, propio y característico de nuestro entramado productivo.

Precisamente por eso, porque el emprendimiento colectivo es algo intrínseco al espíritu empresarial vasco, resulta aún más llamativo –y más grave- que valores como la cooperación o el trabajo en equipo brillen también por su ausencia en el Proyecto de Ley de Formación Profesional que se está tramitando en el Parlamento. La formación profesional dual, la que está llamada a ser epicentro y guía del sistema formativo que va a preparar a nuestros trabajadores y trabajadoras del siglo XXI, propone inculcar el emprendimiento activo tan sólo a partir del desarrollo de capacidades como “el sentido de la iniciativa y la capacidad de iniciar nuevos proyectos empresariales”.

Qué duda cabe que esa visión limitada del emprendimiento choca frontalmente con la concepción moderna de una empresa avanzada. En efecto, en pleno siglo XXI en ninguna empresa tiene cabida el desempeño individual si no es en el seno de equipos de trabajo multidisciplinares y cohesionados, capaces de aunar las capacidades de cada uno de sus integrantes en pos de unas metas empresariales comunes, sobre la base de la inteligencia colectiva, la colaboración y el apoyo mutuo. No hay más que mirar a los ejemplos que encarnan los grandes mitos del emprendimiento (desde Bill Gates a Mark Zuckerberg, por poner dos ejemplos) para darse cuenta de que sus proyectos empresariales nacieron y crecieron en torno a potentes equipos de trabajo, donde primaba la colaboración y el empeño común.

Si nos proyectamos más allá en el tiempo, la llamada “revolución industrial 4.0” está llegando a nuestras empresas con la promesa de digitalizar y automatizar -aún más, si cabe- los procesos de fabricación para hacerlos más eficientes e inteligentes. Sin embargo ese cambio en el paradigma productivo también lleva aparejada una transformación radical en las relaciones laborales y en la forma de gestionar las organizaciones, algo a lo que no se está prestando la debida atención. Y así, el contenido del puesto de trabajo cambia de forma abrupta, pues de cara al futuro las habilidades mecánicas las aportará la máquina, mientras que a la persona trabajadora le corresponderá incorporar sus ideas y sus conocimientos como factor de valor añadido, y tendrá que ponerlas en práctica en el seno de equipos de trabajo diversos, donde la inteligencia colectiva y la cooperación tendrán, una vez más, un papel preponderante y decisivo.

Es en este nuevo contexto donde el espíritu cooperativo puede tener un papel diferenciador. Es en este nuevo terreno de juego donde los valores de la cooperación y el trabajo en equipo que impregnan buena parte del tejido productivo vasco pueden resultar claves para que la industria vasca afronte este nuevo reto con mayores garantías de éxito. ¿Y qué sucede? Pues que el Plan de Industrialización 2017-2020, debatido en el Parlamento este pasado 9 de octubre, tampoco hace ninguna referencia a los valores cooperativos. ¿Error histórico o cortedad de miras?

La transición hacia una economía más moderna y sostenible va a exigir grandes esfuerzos individuales y colectivos, y no estará exenta de tensiones. La labor de las instituciones es asentar esta transición sobre bases sólidas y compartidas. El emprendimiento colectivo, el cooperativismo y el trabajo en equipo son algunas de esas bases. Utilicémoslas. Démosles la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Hoy en día el 16% de la base económica de Euskadi ya está en manos de los y las trabajadoras, sin que ello vaya en detrimento de su capacidad para innovar o desarrollarse. Avancemos por ese camino.