Cuatro largos días en Zaldibar

(Artículo publicado en El Diario Norte en febrero de 2020)

Han tenido que pasar cuatro largos días tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar hasta que el Lehendakari y sus consejeros decidieran dar la cara el pasado lunes. Cuatro días de dolor y angustia para las familias de los dos trabajadores desaparecidos. Cuatro días de rabia e incertidumbre para toda la población del valle.

Han sido cuatro días de descontrol informativo y operativo por parte de las instituciones. Es cierto, nadie piensa que un vertedero se va a venir debajo de repente, así sin avisar y en plena precampaña. Pero, ¿es lógico este caos? A la hora de enfrentar el problema, ¿dónde está lo urgente, y dónde lo accesorio?

En la respuesta a ese dilema es donde se percibe la verdadera talla de los líderes y los valores que les mueven. Y quizás ha sido esa respuesta la que tanto ha descorazonado a las familias de los desaparecidos o a los cientos de habitantes de Ermua, Eibar y Zaldibar que ese mismo lunes se echaron a las calles: tener la sensación de que abrir con rapidez la autopista pesa más que la salud de quienes la están limpiando, o sospechar que tu salud les importa un bledo a esos mismos que en apenas un mes volverán al pueblo para pedir tu voto puerta a puerta, o a reinaugurar la autopista.

Como ciudadano vasco comparto esa sensación, que muchas otras veces yo mismo he denunciado en el Parlamento. Frente a los lemas de “Pertsonak, helburu” (“las personas, nuestro objetivo”) y “Auzolana” (“el bien común”), los gobiernos de Urkullu, Mendia y Rementería actúan día a día como si las personas (algunas personas) no existieran. Niegan los problemas, niegan su responsabilidad en las causas y en las consecuencias. Niegan lo innegable y miran para otro lado… hasta que la situación se vuelve insostenible. Luego ponen en marcha la maquinaria de propaganda (perfectamente engrasada ya de cara al próximo 5 de abril), y aquí no ha pasado nada.

Pero sí que ha pasado, y mucho. Ha pasado que desde el jueves hay dos trabajadores sepultados bajo cientos de toneladas de escombros, sin que hasta el lunes conociésemos sus nombres. Víctimas anónimas y deshumanizadas de una insoportable siniestralidad laboral que este 2020 ya nos ha arrebatado una vida cada cuatro días.

Ha pasado también que, una vez más, en este país una actividad contaminante se permite el lujo de incumplir la normativa sin que le pase nada, merced al colchón que le otorga su red clientelar de favores, amiguetes y colegas de partido.

Ha pasado también que, a la puerta de unas elecciones cuyo adelanto estaba cuidadosamente planificado, el PNV ha querido dejar al PSE solo a los pies de los caballos para hacerle pagar su desapego en los casos “De Miguel” y “Montai”. Pero ha calculado mal, y ha tenido que rectificar sobre la marcha y a toda marcha.

Mientras tanto, la opinión pública comprueba atónita cómo el oasis vasco es en realidad un enorme vertedero que se derrumba sin remedio. Un vertedero de improvisación, descoordinación y compadreo. Un vertedero donde intuimos el fuego oculto de la corrupción porque vemos el humo de la impunidad. Un vertedero donde nunca pasa nada porque nos dicen que no pasa nada. Pero sí pasa, y mucho. Los días van a seguir siendo largos en Zaldibar.

¿Qué hace un partido ecologista aprobando los presupuestos vascos?

(Artículo sobre los presupuestos del Gobierno Vasco, publicado en El Correo en diciembre de 2019)

En las últimas semanas la negociación del presupuesto de 2020 entre Elkarrekin Podemos y el Gobierno Vasco ha suscitado debate sobre la conveniencia de nuestro posible apoyo. Algunas voces han cuestionado el papel de una formación como EQUO Berdeak en este proceso. ¿Cómo puede un partido ecologista apoyar unos presupuestos de PNV y PSE? ¿Por qué “blanquear” la imagen del Gobierno, que no se distingue precisamente por su sensibilidad y acierto en esta materia?

La respuesta es tan simple como rotunda. Sí, un partido verde siempre va a explorar vías para construir una sociedad más justa, sostenible y solidaria. Y sí, un partido verde siempre apoyará medidas que nos hagan avanzar en ese camino. Es más, a buen seguro esas respuestas encierran las claves del actual auge verde en Europa. Firmeza y coherencia en los principios, pragmatismo en las vías para hacerlos posible.

Estos días en la COP25 el mundo científico nos vuelve a recordar que estamos inmersos en una emergencia climática sin precedentes. También en Euskadi. No porque lo haya declarado el Lehendakari –aquello fue una operación más de marketing político-, sino porque el propio clima nos lo anuncia cada día.

Ante esta realidad tozuda, ¿qué postura adoptamos desde la ecología política? ¿Seguimos denunciando las miserias del Gobierno, a la espera de que esa crítica cale? ¿Confiamos en que la gente reaccione y nos dé la mayoría necesaria para poder gobernar en la dirección correcta? Si eso no sucede, ¿esperamos a otras elecciones, o lo fiamos todo a que el poder económico y político, de la noche a la mañana, dé un giro radical a las equivocadas políticas que nos han traído hasta aquí?

El sueño de Arizmendiarrieta, más lejos.

(Artículo sobre la nueva Ley Vasca de Cooperativas publicado en diciembre de 2019)

En los próximos días se aprobará en el Parlamento la nueva Ley Vasca de Cooperativas. Es un proyecto cuyo contenido, sin duda, va a satisfacer a algunas cooperativas –las más grandes-, pero que, en nuestra opinión, deja bastante dañado al cooperativismo vasco, tal y como lo hemos entendido hasta la fecha.

La actual Ley data de 1993 y, en opinión de algunos, había quedado obsoleta. Urgía su reforma para adaptarla a los nuevos tiempos, tan inciertos como convulsos. El panorama económico y financiero mundial no invita al optimismo, y nuestras cooperativas no son inmunes a sus vaivenes. Es comprensible que quieran instrumentos más ágiles y flexibles para afrontar las dificultades puntuales que puedan sufrir en este escenario cambiante.

Así, con el con el pretexto de la necesaria renovación se ha procedido a cepillar el contenido de la Ley hasta desvirtuar los valores que hicieron del cooperativismo vasco un referente a nivel mundial: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

En efecto, el nuevo texto legal consagra la desigualdad como principio básico de la futura organización cooperativa, con una fuerza laboral contratada por cuenta ajena que en la teoría no debería superar el 30% de las horas trabajadas por el personal cooperativista, pero que en la práctica se va a estirar hasta donde se quiera en aplicación de las múltiples exenciones que la Ley admite. Bastará, por ejemplo, con firmar un documento por el que la persona candidata renuncia “voluntariamente” a ser cooperativista. Quién se puede resistir.

Muy pronto tendremos cooperativas que cuenten con plantillas por cuenta ajena superiores a la de muchas empresas capitalistas, pero con una ventaja decisiva: ese colectivo laboral no tendrá voz ni voto discordante en los órganos de gobierno de la cooperativa y, en la práctica, tampoco tendrá representación sindical que le defienda. ¿Quién querría dar un paso adelante como delegada sindical, y poner así en riesgo la posibilidad de ser cooperativista al cabo de los cinco años estipulados por la Ley como límite para alcanzar esa privilegiada condición?

En definitiva, esta Ley consagra la condición de privilegio de la persona cooperativista frente a quien no lo sea. En el reparto de resultados, un contratado por cuenta ajena percibirá como mínimo –como máximo, en la práctica- el 25% de la remuneración obtenida por un cooperativista que realice el mismo trabajo. Adiós a los principios de igualdad y solidaridad.

Esa desigualdad, premeditada y consciente, tendrá su reflejo social más visible en aquellas comarcas vascas donde el cooperativismo goza hoy en día de mayor auge e implantación. Se está gestando una nueva forma de segregación social: cooperativistas y no cooperativistas, una división que a buen seguro se completará con otros condicionantes como el origen, el sexo, la lengua o el nivel educativo. Una bomba de relojería social en pleno siglo XXI, para quien la quiera ver.

En el fondo, tras estos cambios subyace la necesidad que tienen las grandes cooperativas industriales de evitar un nuevo caso “Fagor”; es decir, un cierre empresarial traumático causado por mala gestión o por una súbita crisis en los mercados. Urge establecer un “cordón sanitario” en torno al núcleo duro de la masa social cooperativista, aunque sea a través de un colchón de trabajadores y trabajadoras de quita y pon, con menos salario y menos derechos. Un colchón prescindible y discriminatorio.

Es lo que pasa cuando te pones a apostar en el tablero capitalista. Estás obligado a jugar con las reglas del croupier y, más temprano que tarde, tienes que apostar con sus cartas marcadas para poder seguir en la timba. Si Arizmendiarrieta levantase la cabeza…

Ahorrar energía para avanzar hacia el futuro

(Artículo publicado en enero de 2018 junto a la coporatavoz de EQUO Berdeak Erika Martínez)


Durante estos últimos meses la cuestión de la energía se ha situado en el primer plano en la agenda política. Así, el Parlamento Europeo ha aprobado en enero ambiciosos objetivos vinculantes para el conjunto de la UE en materia de eficiencia energética y generación de energía renovable en el horizonte de 2030. A su vez el pasado mes de octubre comenzó a tramitarse en el Parlamento Vasco el Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas.

El Gobierno Vasco ha planteado esta norma como un primer paso para avanzar en la senda del ahorro energético, que hasta la fecha ha sido –y es- el patito feo de la política energética vasca. Sin embargo desde EQUO Berdeak creemos que su papel debe de ser más ambicioso: esta Ley debe poner de manifiesto la verdadera apuesta del Gobierno por una sociedad más sostenible y marcar una hoja de ruta para abordar de una vez por todas la imprescindible transición energética que necesita el país, y hacerlo además de una forma coordinada entre las diferentes administraciones vascas.

Por supuesto, hablar de transición energética es hablar no sólo de mejorar la eficiencia o incrementar la cuota de energía renovable, sino también de retos ineludibles como la descentralización de la producción energética o la democratización de su gestión a través de la participación ciudadana.

Por otra parte es evidente la estrecha relación que existe entre la producción de energía y el cambio climático, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy en día como sociedad. De cómo seamos capaces de afrontarlo dependerá en gran medida nuestro futuro modo de vida.

Llegados a este punto, cabe resaltar que la preocupación de la sociedad vasca al respecto ha alcanzado máximos históricos. Según los resultados del primer estudio de percepción ciudadana realizado en Euskadi sobre energía y cambio climático, la sociedad asume que luchar contra esta amenaza exigirá cambiar de hábitos. Así, un 88% considera necesario reducir el consumo de energía, mientras que un 95% apuesta por desarrollar más las energías renovables.

Por eso el dicho de que “la mejor energía es la que no se consume” debe ser la base de la nueva política energética vasca y, por qué no, también de una nueva forma de organizar nuestra economía: los edificios donde vivimos y trabajamos, cómo nos movemos por nuestros pueblos y ciudades… Poco a poco este modelo insostenible de derroche energético debe ir dando paso a un nuevo escenario con edificios que casi no consuman energía, calles exclusivas para peatones y bicicletas o vehículos eléctricos compartidos. Pero llegar hasta esa meta exige planificación a corto, medio y largo plazo.

En este tránsito ineludible, una de las principales dificultades es la resistencia al cambio que muestran las élites políticas y económicas. Así, durante estos últimos años hemos visto cómo los acuerdos sobre cambio climático alcanzados en las distintas cumbres internacionales (París, Marrakech, Bonn) se quedan en papel mojado por falta de compromiso y lentitud de los Estados a la hora de trasladarlos a leyes efectivas. De ahí que lo más rápido y eficaz sea comenzar con la implicación de las administraciones locales y autonómicas.

Por todo ello el proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas es un instrumento interesante para impulsar la realización de auditorías energéticas, la producción y el consumo de energía limpia en las instalaciones públicas, la construcción de edificios autosuficientes desde el punto de vista energético, la electrificación del transporte o la movilidad no motorizada.

Ahora bien, no parece lógico que, con el escaso margen que tenemos para cumplir los objetivos contra el cambio climático, los plazos y metas que se marque la Ley sean tan poco ambiciosos. Las administraciones vascas deben dar ejemplo y actuar como agente tractor para el cambio en otros sectores económicos y, por ende, abrir oportunidades de empleo verde en sectores sostenibles y con futuro.

De hecho, nada más esclarecedor para conocer la verdadera ambición con la que el Gobierno Vasco aborda la transición energética que analizar la dotación de recursos que pone a su disposición. Pues bien, el proyecto de ley pasa de largo sobre este punto, pero la lógica y la experiencia demuestran que, sin la pertinente dotación presupuestaria, las administraciones locales difícilmente podrán hacer frente a las inversiones exigidas. En contrapartida, es preciso incorporar un régimen sancionador para penalizar los incumplimientos, o de lo contrario la Ley se convertirá en papel mojado.

Objetivos ambiciosos, financiación municipal, mecanismos de evaluación y seguimiento… nada de esto sería suficiente si en la Ley no se incluyen foros destinados a la participación ciudadana, eje transversal y básico en un modelo de gobernanza moderno, abierto y democrático.

En definitiva, mientras Euskadi no tenga una Ley de Cambio Climático que aborde la transición energética de manera integral, la Ley de Sostenibilidad Energética parece una buena forma de impulsar desde lo público el avance hacia un futuro más sostenible. Un reto para el que la sociedad está preparada, pero que necesita de una Administración ejemplar y comprometida. ¿Sabremos hacer de este reto una oportunidad?

¿Tienen solución los vertidos a los ríos alaveses? Por supuesto.

(Artículo publicado junto con el portavoz de EQUO Araba Xabi Marrero en octubre de 2017)

La preocupación e indignación por el estado de los ríos en Araba va en aumento, y así lo constata la cantidad de noticias al respecto que han aparecido últimamente en los medios de comunicación.

Dos informes sobre el estado de los ríos vascos elaborados por la Agencia Vasca del Agua URA en 2016i indican que aproximadamente el 20% de los puntos estudiados presentan un estado químico moderado o malo, y que el estado ecológico de más de la mitad es preocupante, debido sobre todo a la contaminación agrícola, industrial y urbana.

Por todo ello, movimientos sociales como la Plataforma Zadorra Bizirik demandan soluciones urgentes para poder disfrutar de ríos vivos y en buen estado. Afrontar este reto, en nuestra opinión, exige dar solución a tres cuestiones clave: la complejidad competencial de nuestro país, las presiones de las actividades contaminantes y las todavía insuficientes medidas legislativas y presupuestarias.

Lo primero que hay que entender es el enrevesado entramado competencial e institucional existente: Confederaciones Hidrográficas, Agencia Vasca del Agua, Diputaciones Forales, Ayuntamientos, Consorcios y, en el caso de Araba, también los Concejos, se distribuyen competencias mediante normas, encomiendas de gestión y convenios que han demostrado ser ineficaces.

En Araba, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) es la competente para dar las autorizaciones de vertido, a pesar de la existencia de una encomienda de gestión para que URA pueda iniciar los trámites, con la demora burocrática que ello conlleva. En el caso de captaciones de agua para regadío es la CHE quien tramita el 100% de los permisos, pero ante casos de abusos de captaciones de agua que dejan nuestros ríos secos, la respuesta de la CHE es a menudo lenta o inexistente.

Similares ineficiencias administrativas se dan entre la CHE, Diputación y URA, pero en Araba destaca la particularidad de los Concejos. Y es que la competencia en materia de abastecimiento –aguas potables- y saneamiento –tratamiento y vertido de aguas residuales- recae en los Concejos, los cuales a menudo no disponen de medios económicos o técnicos suficientes para cumplir –y hacer cumplir- la exigente legislación. El modelo de consorcios de Bizkaia y Gipuzkoa podría ser la solución para gestionar los vertidos alaveses, siempre y cuando los consorcios sean públicos, transparentes, eficientes y profesionales. Mientras tanto se impone la necesidad de sancionar a los entes que hagan dejación de sus funciones y, al mismo tiempo, que por parte del Ministerio, URA y la Diputación se aceleren las obras hidráulicas necesarias.

Pero no todos los problemas se reducen a los vertidos. No debemos olvidar que los ecosistemas fluviales han sido muy castigados/degradados en Araba, principalmente por la actividad agrícola, ganadera, forestal y urbana.

Así, es muy común ver ríos sin árboles en sus orillas porque han sido talados para aumentar la superficie productiva –cereal, viñedo o pastos- con el doble objetivo de aumentar la productividad y recibir más ayudas económicas por metro cuadrado de la Política Agrícola Común.

Además el uso desmedido de fertilizantes y pesticidas provoca que estas sustancias químicas nocivas se dispersen sin control por el entorno. A pesar de la existencia de agricultores concienciados, la mayoría aún siguen abusando de nitratos, fosfatos o herbicidas como el glifosato, que terminan contaminando gravemente nuestros ríos.

Y tampoco podemos olvidar que el uso abusivo de agua para regadío deja los ríos secos y sin el caudal mínimo que precisan para que la vida piscícola y vegetal sea posible. Un ejemplo de ello ha sido el río Inglares este pasado verano.

Por último es clave subrayar la autocomplacencia y el desinterés de las instituciones. Los problemas de los ríos no se solucionan sólo con buenas palabras. Para tener ríos con bosques frondosos, vida abundante y agua suficiente y limpia, hay que aportar los recursos humanos y presupuestarios necesarios para hacerlo posible.

Por ello, es preciso que las instituciones sean capaces de coordinarse entre sí, de promover cambios legislativos en Euskadi y en Europa con la Política Agrícola Común, de modernizar los sistemas de regadío y de utilizar las medidas fiscales necesarias para penalizar las actividades menos sostenibles. Por ejemplo, aplicar el canon del agua a los regantes que utilizan el agua de forma menos eficiente.

Pero, sobre todo, cada administración competente deberá aportar las partidas presupuestarias anuales necesarias para ejecutar con urgencia todas las obras hidráulicas pendientes, además de disponer del personal técnico, inspector y sancionador suficiente y capacitado para hacer cumplir la legislación ambiental.

Esperamos que la sociedad mantenga este nivel de exigencia hacia su clase política, para que entre todas y todos seamos capaces de afrontar uno de los mayores retos a los que nos enfrentaremos en las próximas décadas: el de proteger los ecosistemas fluviales y los recursos hídricos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía alavesa de hoy y del futuro.

¿Emprendimiento? Mejor si es cooperativo

(Artículo publicado en octubre de 2017)

El pasado día 2 de octubre se presentó en el Parlamento el Plan de Emprendimiento 2017-2020. La aprobación de este Plan coincide en el tiempo con los coletazos derivados de la profunda crisis que sufre nuestro tejido industrial tradicional, un fenómeno que este verano ha estado más presente que nunca y que afecta a decenas de empresas vascas, algunas de ellas de larga historia y con gran relevancia en cuanto al empleo.

Tras una primera lectura del Plan, llama poderosamente la atención que en su contenido no haya ni una sola referencia a valores tan ligados con la cultura empresarial vasca como la cooperación o el trabajo en equipo. Así, de forma indirecta mitificamos y hacemos nuestra la figura del “emprendedor solitario”, alguien que tiene una idea, la desarrolla y la saca adelante en la más absoluta soledad, apelando a un espíritu emprendedor individual sostenido tan sólo en valores como “iniciativa, compromiso, riesgo y autonomía”, en palabras del propio Plan.

Esta visión parcial de la persona emprendedora, anclada en la figura de aquellos indianos que en el siglo XIX retornaron a tierras vascas tras un exitoso periplo de fortuna por las Indias y Sudamérica, y que contribuyeron de forma decisiva a crear el primer tejido industrial diversificado que tuvo Euskadi, soslaya sin embargo otra realidad más cercana en el tiempo: la del movimiento cooperativo. A mediados del siglo XX este fenómeno dio continuidad e impulso al débil tejido industrial de la postguerra, hasta convertir al cooperativismo vasco en un fenómeno singular a nivel mundial, propio y característico de nuestro entramado productivo.

Precisamente por eso, porque el emprendimiento colectivo es algo intrínseco al espíritu empresarial vasco, resulta aún más llamativo –y más grave- que valores como la cooperación o el trabajo en equipo brillen también por su ausencia en el Proyecto de Ley de Formación Profesional que se está tramitando en el Parlamento. La formación profesional dual, la que está llamada a ser epicentro y guía del sistema formativo que va a preparar a nuestros trabajadores y trabajadoras del siglo XXI, propone inculcar el emprendimiento activo tan sólo a partir del desarrollo de capacidades como “el sentido de la iniciativa y la capacidad de iniciar nuevos proyectos empresariales”.

Qué duda cabe que esa visión limitada del emprendimiento choca frontalmente con la concepción moderna de una empresa avanzada. En efecto, en pleno siglo XXI en ninguna empresa tiene cabida el desempeño individual si no es en el seno de equipos de trabajo multidisciplinares y cohesionados, capaces de aunar las capacidades de cada uno de sus integrantes en pos de unas metas empresariales comunes, sobre la base de la inteligencia colectiva, la colaboración y el apoyo mutuo. No hay más que mirar a los ejemplos que encarnan los grandes mitos del emprendimiento (desde Bill Gates a Mark Zuckerberg, por poner dos ejemplos) para darse cuenta de que sus proyectos empresariales nacieron y crecieron en torno a potentes equipos de trabajo, donde primaba la colaboración y el empeño común.

Si nos proyectamos más allá en el tiempo, la llamada “revolución industrial 4.0” está llegando a nuestras empresas con la promesa de digitalizar y automatizar -aún más, si cabe- los procesos de fabricación para hacerlos más eficientes e inteligentes. Sin embargo ese cambio en el paradigma productivo también lleva aparejada una transformación radical en las relaciones laborales y en la forma de gestionar las organizaciones, algo a lo que no se está prestando la debida atención. Y así, el contenido del puesto de trabajo cambia de forma abrupta, pues de cara al futuro las habilidades mecánicas las aportará la máquina, mientras que a la persona trabajadora le corresponderá incorporar sus ideas y sus conocimientos como factor de valor añadido, y tendrá que ponerlas en práctica en el seno de equipos de trabajo diversos, donde la inteligencia colectiva y la cooperación tendrán, una vez más, un papel preponderante y decisivo.

Es en este nuevo contexto donde el espíritu cooperativo puede tener un papel diferenciador. Es en este nuevo terreno de juego donde los valores de la cooperación y el trabajo en equipo que impregnan buena parte del tejido productivo vasco pueden resultar claves para que la industria vasca afronte este nuevo reto con mayores garantías de éxito. ¿Y qué sucede? Pues que el Plan de Industrialización 2017-2020, debatido en el Parlamento este pasado 9 de octubre, tampoco hace ninguna referencia a los valores cooperativos. ¿Error histórico o cortedad de miras?

La transición hacia una economía más moderna y sostenible va a exigir grandes esfuerzos individuales y colectivos, y no estará exenta de tensiones. La labor de las instituciones es asentar esta transición sobre bases sólidas y compartidas. El emprendimiento colectivo, el cooperativismo y el trabajo en equipo son algunas de esas bases. Utilicémoslas. Démosles la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Hoy en día el 16% de la base económica de Euskadi ya está en manos de los y las trabajadoras, sin que ello vaya en detrimento de su capacidad para innovar o desarrollarse. Avancemos por ese camino.