El sueño de Arizmendiarrieta, más lejos.

(Artículo sobre la nueva Ley Vasca de Cooperativas publicado en diciembre de 2019)

En los próximos días se aprobará en el Parlamento la nueva Ley Vasca de Cooperativas. Es un proyecto cuyo contenido, sin duda, va a satisfacer a algunas cooperativas –las más grandes-, pero que, en nuestra opinión, deja bastante dañado al cooperativismo vasco, tal y como lo hemos entendido hasta la fecha.

La actual Ley data de 1993 y, en opinión de algunos, había quedado obsoleta. Urgía su reforma para adaptarla a los nuevos tiempos, tan inciertos como convulsos. El panorama económico y financiero mundial no invita al optimismo, y nuestras cooperativas no son inmunes a sus vaivenes. Es comprensible que quieran instrumentos más ágiles y flexibles para afrontar las dificultades puntuales que puedan sufrir en este escenario cambiante.

Así, con el con el pretexto de la necesaria renovación se ha procedido a cepillar el contenido de la Ley hasta desvirtuar los valores que hicieron del cooperativismo vasco un referente a nivel mundial: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

En efecto, el nuevo texto legal consagra la desigualdad como principio básico de la futura organización cooperativa, con una fuerza laboral contratada por cuenta ajena que en la teoría no debería superar el 30% de las horas trabajadas por el personal cooperativista, pero que en la práctica se va a estirar hasta donde se quiera en aplicación de las múltiples exenciones que la Ley admite. Bastará, por ejemplo, con firmar un documento por el que la persona candidata renuncia “voluntariamente” a ser cooperativista. Quién se puede resistir.

Muy pronto tendremos cooperativas que cuenten con plantillas por cuenta ajena superiores a la de muchas empresas capitalistas, pero con una ventaja decisiva: ese colectivo laboral no tendrá voz ni voto discordante en los órganos de gobierno de la cooperativa y, en la práctica, tampoco tendrá representación sindical que le defienda. ¿Quién querría dar un paso adelante como delegada sindical, y poner así en riesgo la posibilidad de ser cooperativista al cabo de los cinco años estipulados por la Ley como límite para alcanzar esa privilegiada condición?

En definitiva, esta Ley consagra la condición de privilegio de la persona cooperativista frente a quien no lo sea. En el reparto de resultados, un contratado por cuenta ajena percibirá como mínimo –como máximo, en la práctica- el 25% de la remuneración obtenida por un cooperativista que realice el mismo trabajo. Adiós a los principios de igualdad y solidaridad.

Esa desigualdad, premeditada y consciente, tendrá su reflejo social más visible en aquellas comarcas vascas donde el cooperativismo goza hoy en día de mayor auge e implantación. Se está gestando una nueva forma de segregación social: cooperativistas y no cooperativistas, una división que a buen seguro se completará con otros condicionantes como el origen, el sexo, la lengua o el nivel educativo. Una bomba de relojería social en pleno siglo XXI, para quien la quiera ver.

En el fondo, tras estos cambios subyace la necesidad que tienen las grandes cooperativas industriales de evitar un nuevo caso “Fagor”; es decir, un cierre empresarial traumático causado por mala gestión o por una súbita crisis en los mercados. Urge establecer un “cordón sanitario” en torno al núcleo duro de la masa social cooperativista, aunque sea a través de un colchón de trabajadores y trabajadoras de quita y pon, con menos salario y menos derechos. Un colchón prescindible y discriminatorio.

Es lo que pasa cuando te pones a apostar en el tablero capitalista. Estás obligado a jugar con las reglas del croupier y, más temprano que tarde, tienes que apostar con sus cartas marcadas para poder seguir en la timba. Si Arizmendiarrieta levantase la cabeza…