¿Tienen solución los vertidos a los ríos alaveses? Por supuesto.

(Artículo publicado junto con el portavoz de EQUO Araba Xabi Marrero en octubre de 2017)

La preocupación e indignación por el estado de los ríos en Araba va en aumento, y así lo constata la cantidad de noticias al respecto que han aparecido últimamente en los medios de comunicación.

Dos informes sobre el estado de los ríos vascos elaborados por la Agencia Vasca del Agua URA en 2016i indican que aproximadamente el 20% de los puntos estudiados presentan un estado químico moderado o malo, y que el estado ecológico de más de la mitad es preocupante, debido sobre todo a la contaminación agrícola, industrial y urbana.

Por todo ello, movimientos sociales como la Plataforma Zadorra Bizirik demandan soluciones urgentes para poder disfrutar de ríos vivos y en buen estado. Afrontar este reto, en nuestra opinión, exige dar solución a tres cuestiones clave: la complejidad competencial de nuestro país, las presiones de las actividades contaminantes y las todavía insuficientes medidas legislativas y presupuestarias.

Lo primero que hay que entender es el enrevesado entramado competencial e institucional existente: Confederaciones Hidrográficas, Agencia Vasca del Agua, Diputaciones Forales, Ayuntamientos, Consorcios y, en el caso de Araba, también los Concejos, se distribuyen competencias mediante normas, encomiendas de gestión y convenios que han demostrado ser ineficaces.

En Araba, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) es la competente para dar las autorizaciones de vertido, a pesar de la existencia de una encomienda de gestión para que URA pueda iniciar los trámites, con la demora burocrática que ello conlleva. En el caso de captaciones de agua para regadío es la CHE quien tramita el 100% de los permisos, pero ante casos de abusos de captaciones de agua que dejan nuestros ríos secos, la respuesta de la CHE es a menudo lenta o inexistente.

Similares ineficiencias administrativas se dan entre la CHE, Diputación y URA, pero en Araba destaca la particularidad de los Concejos. Y es que la competencia en materia de abastecimiento –aguas potables- y saneamiento –tratamiento y vertido de aguas residuales- recae en los Concejos, los cuales a menudo no disponen de medios económicos o técnicos suficientes para cumplir –y hacer cumplir- la exigente legislación. El modelo de consorcios de Bizkaia y Gipuzkoa podría ser la solución para gestionar los vertidos alaveses, siempre y cuando los consorcios sean públicos, transparentes, eficientes y profesionales. Mientras tanto se impone la necesidad de sancionar a los entes que hagan dejación de sus funciones y, al mismo tiempo, que por parte del Ministerio, URA y la Diputación se aceleren las obras hidráulicas necesarias.

Pero no todos los problemas se reducen a los vertidos. No debemos olvidar que los ecosistemas fluviales han sido muy castigados/degradados en Araba, principalmente por la actividad agrícola, ganadera, forestal y urbana.

Así, es muy común ver ríos sin árboles en sus orillas porque han sido talados para aumentar la superficie productiva –cereal, viñedo o pastos- con el doble objetivo de aumentar la productividad y recibir más ayudas económicas por metro cuadrado de la Política Agrícola Común.

Además el uso desmedido de fertilizantes y pesticidas provoca que estas sustancias químicas nocivas se dispersen sin control por el entorno. A pesar de la existencia de agricultores concienciados, la mayoría aún siguen abusando de nitratos, fosfatos o herbicidas como el glifosato, que terminan contaminando gravemente nuestros ríos.

Y tampoco podemos olvidar que el uso abusivo de agua para regadío deja los ríos secos y sin el caudal mínimo que precisan para que la vida piscícola y vegetal sea posible. Un ejemplo de ello ha sido el río Inglares este pasado verano.

Por último es clave subrayar la autocomplacencia y el desinterés de las instituciones. Los problemas de los ríos no se solucionan sólo con buenas palabras. Para tener ríos con bosques frondosos, vida abundante y agua suficiente y limpia, hay que aportar los recursos humanos y presupuestarios necesarios para hacerlo posible.

Por ello, es preciso que las instituciones sean capaces de coordinarse entre sí, de promover cambios legislativos en Euskadi y en Europa con la Política Agrícola Común, de modernizar los sistemas de regadío y de utilizar las medidas fiscales necesarias para penalizar las actividades menos sostenibles. Por ejemplo, aplicar el canon del agua a los regantes que utilizan el agua de forma menos eficiente.

Pero, sobre todo, cada administración competente deberá aportar las partidas presupuestarias anuales necesarias para ejecutar con urgencia todas las obras hidráulicas pendientes, además de disponer del personal técnico, inspector y sancionador suficiente y capacitado para hacer cumplir la legislación ambiental.

Esperamos que la sociedad mantenga este nivel de exigencia hacia su clase política, para que entre todas y todos seamos capaces de afrontar uno de los mayores retos a los que nos enfrentaremos en las próximas décadas: el de proteger los ecosistemas fluviales y los recursos hídricos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía alavesa de hoy y del futuro.